Escasos días después de la inauguración de la colosal T-1 de Barcelona, el ministro de Fomento se traslada al otro extremo de la península para poner la primera piedra de otro aeropuerto, el de Santiago de Compostela, que lleva año y medio esperando a la piqueta. José Blanco desembarcará hoy (10.30 horas) en Lavacolla para dar el pistoletazo de salida a las obras de la nueva terminal. Con capacidad para cuatro millones de pasajeros anuales, las instalaciones alcanzarán los 74.230 m2 (siete campos de fútbol) y duplicarán la superficie actual. Según el diseño de Alberto Noguerol y Pilar Díez, el edificio se divide en dos cuerpos. El primero -de forma rectangular- se destinará al tráfico de viajeros, compañías, operaciones y demás servicios aeroportuarios. Concebido como una ‘Y’, el segundo bloque estará reservado para el control de seguridad, zonas comerciales, embarque y servicios handling.

La terminal se completa con un edificio de aparcamiento de cinco plantas (150.400 m2) y 3.665 plazas a repartir entre vehículos privados y de alquiler, empleados, taxis y autobuses. El parquin estará comunicado con el resto de las instalaciones mediante cuatro amplios ascensores, de modo que no será necesario salir al exterior.

El nuevo aeropuerto, con un plazo de ejecución de 26 meses, tendrá capacidad para 3.200 pasajeros en hora punta y 27 operaciones cada 60 minutos. De hecho, se prevé construir una nueva pista de rodadura que permita a los aviones despegar más rápido. Tendrá forma de ‘V’ para evitar que las aeronaves sobrevuelen la praza do Obradoiro cuando se acerquen a la ciudad para tomar tierra.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) invertirá un total de 352 millones de euros entre 2009 y 2012 en los aeropuertos del archipiélago, 240 de ellos se destinarán al palmesano de Son Sant Joan a actuaciones, entre otras, como la ampliación del módulo C o la construcción de una plataforma central del aeródromo, que tienen como principal objetivo mejorar las conexiones de la isla y la comodidad de los pasajeros y compañías.

En rueda de prensa tras visitar las obras que se están desarrollando en Son Sant Joan, el presidente del Govern, Francesc Antich, ha remarcado que la inversión de la entidad pública en los aeropuertos baleares entre 2004 y 2012 asciende a casi 800 millones de euros, “casi 100 millones cada año para mejorar la oferta y posicionamiento” de éstos, ha destacado.

En este sentido, ha adelantado que responsables del Ejecutivo balear y de AENA mantendrán diferentes encuentros para tratar otros asuntos como la redacción del futuro Plan de Marketing del aeropuerto, las nuevas rutas o la posibilidad de establecer un convenio para “crear nichos de formación”. Por su parte, la presidenta de AENA, María Encarnación Vivanco, ha hecho hincapié en que las tasas aeroportuarias se encuentran por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC). Sobre este aspecto, el máximo representante del Ejecutivo señaló que “analizarán” el informe que maneja la entidad pública para “confrontarlo con nuestros estudios”.

Así, Vivanco ha incidido en que las tasas son “deficitarias” y se encuentran por “debajo de la media europea”. Además, ha apuntado que el “impacto” que poseen éstas para los pasajeros “no llega” a los cinco euros por lo que “no es su principal coste” y no son “lo que frena o no el turismo”.

El Aeropuerto Central de Ciudad Real anunció ayer que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Fomento para comenzar a operar. El vuelo inaugural tendrá lugar el próximo jueves.

El anuncio llega con dos meses de retraso sobre la fecha prevista. El primer avión debería haber despegado de su única pista el pasado 27 de octubre, tras 10 años de trámites y obras para levantar el primer aeropuerto privado de España. Sin embargo, problemas con la Declaración de Impacto Ambiental vinculada al proyecto han obligado a los promotores y a la administración regional a avanzar en los requisitos medioambientales y posponer la apertura varias semanas.

El cambio de fecha no ha modificado los planes de la compañía promotora, CR Aeropuertos, participada entre otros por Caja Castilla-La Mancha, Isolux Corsán, Iberdrola, Grupo Dalco y varios empresarios de la provincia. Los días de desfase se han utilizado para realizar simulacros y concluir obras auxiliares.

La infraestructura no abre en el mejor contexto económico, pero sus impulsores están comprometidos con una idea que supera la concepción clásica del aeropuerto mononegocio, dedicado en exclusiva al movimiento de viajeros. La instalación, que ha supuesto un desembolso de 400 millones de euros, deberá encontrar la rentabilidad en la combinación de sus diferentes áreas de negocio.

En el transporte de pasajeros, el Aeropuerto de Ciudad Real renuncia de antemano a competir con Madrid-Barajas. Su aspiración es convertirse en una instalación complementaria, especializada en el mercado de los touroperadores y las aerolíneas low-cost.

Pero el Aeropuerto de Ciudad Real sí dará la batalla en el transporte de mercancías, donde su buena situación (centro de la Península, a 200 kilómetros de Madrid), las excelentes comunicaciones (autovía A-41 y AVE) y la disponibilidad de suelo (abarca 1.234 hectáreas) pueden convertirlo en líder del segmento en España. Un puerto seco y una zona logística de 750 hectáreas respaldarán esta línea de negocio. Los promotores han firmado un acuerdo con ABX Logistics para que gestione la terminal de carga, con un compromiso inicial de 20.000 toneladas anuales.

El proyecto incluye parques empresariales, hoteles, viviendas, un helipuerto, un aparcamiento de larga duración para aeronaves y mantienen conversaciones con Renfe para sellar otro acuerdo histórico que permitirá al aeropuerto construir y gestionar su propia estación del AVE a 200 metros de la terminal de pasajeros. El aeropuerto quedaría a una hora de viaje del centro de Madrid.

Los promotores deberán sortear la crisis con bajos precios y flexibilidad. La licencia le permitirá operar las 24 horas del día y podrá ofrecer a las aerolíneas tasas más económicas que el resto de aeropuertos, encorsetados por los formalismos del sector público. El aeropuerto jugará con sus diferentes líneas de negocio para sellar acuerdos estratégicos.

Los comienzos van a ser modestos. Las únicas dos compañías que estarán presentes desde el comienzo serán Air Nostrum y Air Berlin, con saltos a Barcelona, Gran Canaria y Palma de Mallorca. Las previsiones, no obstante, han fijado objetivos asequibles: alcanzar en tres años los 2 millones de pasajeros y las 100.000 toneladas de mercancía transportada.

Queda por ver cómo se relaciona la instalación con su entorno. Los promotores aseguran que, en un nivel de rentabilidad óptimo, el aeródromo generará 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. En Villar del Pozo, un pueblo de 111 habitantes que convivirá con el aeropuerto a 400 metros de la pista, sólo esperan que los aviones no hagan demasiado ruido.

El Tribunal Supremo ha condenado a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a adoptar las medidas precisas para que cese el ruido producido por el sobrevuelo de aviones sobre la urbanización Ciudad Santo Domingo, de Algete (Madrid), donde viven 250 familias, y a que indemnice a cinco vecinos con 6.000 euros a cada uno por vulnerar su derecho fundamental a la intimidad por el ruido producido durante las maniobras de aterrizaje.

Esta primera sentencia que reconoce el derecho de los habitantes de zonas aeroportuarias a no ser molestados por el ruido producido por los aviones disparó ayer las expectativas de múltiples asociaciones de afectados y fue calificada de “histórica” por los vecinos de Algete y los perjudicados de Ciudad Santo Domingo.

Aunque inicialmente fueron 346 los vecinos que iniciaron el pleito contra Aena, sólo cinco recurrieron al Supremo cuando la Audiencia de Madrid desestimó su demanda. Pero desde hace años todos se han venido quejando de que cuando el aeropuerto de Barajas opera en “configuración sur”, el ruido producido por el sobrevuelo de aviones a baja altura, especialmente durante las maniobras de aterrizaje en la pista 18R, lesiona sus derechos a la integridad física y moral y a la intimidad domiciliaria.

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo, acoge el último motivo, el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad en el domicilio.

La sentencia desmenuza el número y frecuencias de vuelos, los niveles de ruido, los días y horas de operaciones así como las declaraciones de impacto Ambiental y las normativas sobre ruido de la Comunidad de Madrid, de Algete, etcétera.

Entre los valores que maneja, figura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 1996 -que no incluía a Ciudad Santo Domingo, como tampoco la de 2001, -que fijó el límite de ruido en valores medios de 65 decibelios (db) de siete de la mañana a once de la noche y en 55 db entre las once de la noche y las siete de la mañana, niveles menos exigentes que los de la Comunidad de Madrid y otras normativas.

Aunque las mediciones se situaron en valores medios de 63 db y 59,1, la realidad es que durante el paso de aviones se llegaba a valores máximos de 78 db por la tarde y 77 por la mañana, equivalentes al estruendo de una calle con tráfico intenso. El escenario que se encuentra el Supremo, según la sentencia, es que el aeropuerto operó en “configuración Sur” varias horas durante 235 días, en los dos años y medio tomados como referencia. En ese periodo, sobrevolaron Ciudad Santo Domingo 56.432 aviones, según el expediente. Y lo hicieron a baja altura: entre 598 y 705 metros.

El ruido del sobrevuelo no es constante, sino que aumenta progresivamente, alcanza el pico más alto y vuelve a disminuir mientras se aleja. Según la sentencia, mientras el aeropuerto opera en “configuración sur”, cada tres minutos pasa un avión y se alcanzan picos de hasta 78,3 decibelios. Esta situación no era inevitable ya que hay rutas de aproximación que no incluyen Ciudad Santo Domingo. En concreto, se acreditó que hay una maniobra de aproximación a la pista 18R , aprobada por las autoridades y por tanto, segura, que evita sobrevolar ese núcleo de población establecido hace más de 30 años.Según el alto tribunal, ha sido el elevado nivel de ruido y el hecho de que haya rutas alternativas de aproximación lo que le ha llevado a apreciar la infracción del derecho a la intimidad domiciliaria, “por falta de acción de la Administración para evitar ese resultado”. En cambio, el Supremo no ha admitido la vulneración del “derecho a la vida y a la integridad física y moral”, porque ninguno de los recurrentes, ha aportado prueba suficiente de que haya padecido trastornos en su salud que hayan comprometido su integridad física. La sintomatología de alteraciones del sueño y del apetito, tensión, nerviosismo e irritabilidad, etcétera, no puede servir de soporte como “riesgo constatado”, cierto o potencial, de perjuicio para la salud.

Tampoco ha admitido la alegación del peligro que supone para el “derecho a la vida” el sobrevuelo de grandes aviones a baja altura cargados de combustible, por la posibilidad de accidentes y pérdida de queroseno. Además de que no se ha acreditado ningún vertido, si por ese riesgo se declarase la vulneración de un derecho constitucional, “sería imposible llevar a la práctica cualquier actividad que generase algún nivel de peligro”. El Supremo concluye que los afectados tienen derecho a que cese esa situación, pero no es a él al que le toca establecer de qué manera, sino que ha de ser AENA la que adopte las medidas adecuadas.

No hay motivos de preocupación. Ya se sabe, que en tiempos de crisis, es precisamente la obra pública la que tira del carro de la economía. Y los trabajos que se llevan a cabo en el Aeropuerto de Málaga desde mayo de 2005 van a buen ritmo y la cobertura financiera está garantizada y la situación económica actual no afectará a la obra. Es el mensaje que quiso lanzar ayer la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, durante una visita a la futura terminal, que si todo marcha según lo previsto, podría entrar en funcionamiento antes de que termine el año 2009.

De hecho, los cálculos que realizan los responsables de las obras son claros: terminarán en el primer semestre del próximo año. Esto quiere decir que, como dijo Álvarez, a partir de entonces, se iniciará un periodo de pruebas antes de que sea inaugurada, antes de 2010.

Muy avanzada. La nueva terminal costará 300 millones de euros de los 1.400 con los que cuenta el denominado ´Plan Málaga´ para ampliar el Aeropuerto. Ya se ha invertido el 75% del presupuesto para la edificación de un nuevo aparcamiento (ya en servicio), la terminal y la segunda pista, explicó la directora de Infraestructuras de Aena, Amparo Brea. La obra civil de la futura terminal está ejecutada al 85% y cuando esté terminada duplicará la capacidad actual del aeródromo malagueño, ya que podrá gestionar hasta 9.000 pasajeros a la hora.

Tendrá una superficie de unos 240.000 metros cuadrados, más del doble de la actual; sumará a las catorce pasarelas de embarque ya existentes doce más junto a ocho puertas de embarque; duplicará los mostradores de facturación al tener 86 y su sistema de equipajes tendrá capacidad para 7.500 maletas a la hora.

La zona de embarque (un dique en forma de ´L´ que comunica con la terminal) tendrá 240 metros de longitud; en la parte inferior se ubicará un gran intercambiador que albergará estaciones de autobuses y de tren, para fomentar la intermodalidad y la nueva terminal se unirá a la actual Pablo Ruiz Picasso.

La cubierta de la terminal está estructurada con 117 cúpulas de forma piramidal. Ya se han izado e instalado un total de 40. El exterior de la construcción llevará un cerramiento de muros cortinas de acero estructural con lunas y vidrios laminados.

Las dos obras de accesos, tanto Norte como Sur, que debe ejecutar Aena, están adjudicadas, mientras que de las actuaciones que corresponden a la Dirección General de Carreteras, la de la parte Norte está aún en estudio informativo.

En ejecución. Las obras de la segunda pista están en ejecución y con toda probabilidad, dijo Álvarez, podrá inaugurarse en 2010, aunque no supo precisar en qué fecha. Ambas actuaciones buscan elevar la capacidad de pasajeros de 13 a 30 millones al año.