David Raya, el joven de L’Hospitalet de Llobregat enfermo de fibrosis quística y diabetes que tiene problemas para viajar con sus medicamentos, ganó ayer en Bruselas otra batalla en la lucha contra la normativa de los controles de los aeropuertos. En respuesta a la exposición que hizo de su caso ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, la representante de la Comisión Europea se comprometió a “publicar las reglas en el diario oficial”, poniendo fin así a su carácter secreto, y a “buscar alternativas” al veto a los líquidos para acabar con las molestias a los pasajeros.
Pero más allá de las promesas oficiales –queda por ver cuándo se concretarán–, Raya ganó también la batalla de las ideas. Durante su viaje de ayer, sufrió en El Prat un nuevo abuso que escenificó a la perfección ante europarlamentarios y medios de comunicación lo delirante de una situación en la que todos, ciudadanos y guardias de seguridad, se ven obligados a acatar una normativa cuyo contenido desconocen.
Los guardias del aeropuerto barcelonés le retiraron la lata de Coca-Cola que siempre lleva consigo como el salvavidas más eficaz ante un súbito ba-
jón de azúcar. El guardia civil restó importancia al tema y zanjó que podía comprar el bote en cualquiera de los bares que hay pasado el control. “Aunque se lo he explicado, él no sabe que a veces es cuestión de segundos”, contó Raya poco después a EL PERIÓDICO, que le acompañó en su periplo desde Barcelona.
Hasta aquí todo casi normal. Podríamos estar ante un guardia poco flexible que aplica a pies juntillas una norma muy estricta que impide subir a los aviones botes con líquidos de más de 100 mililitros. O ante muchos guardias insensibles, porque lo mismo le había ocurrido en otros aeropuertos. Pero Marion Knoben, la representante de la Comisión Europea, reveló ayer que la norma incluye una excepción para “los líquidos médicos, refrescos sin alcohol y productos dietéticos” que sean necesarios para determinadas personas. ¡A Raya le ampara la normativa ante el guardia de El Prat, ante los vigilantes de todos los aeropuertos, pero ni él ni los agentes lo sabían porque esta fue declarada secreta!
El momento más delirante llegó minutos después. En la rueda de prensa posterior al debate, Ignasi Guardans, el eurodiputado que encabeza la lucha contra los controles, levantó en el aire un folio que no sumaba más de 45 líneas por las dos caras. “Es el anexo secreto que detalla los productos prohibidos. Me lo ha pasado un amigo, porque no tengo derecho a verlo como representante de los ciudadanos”, lamentó. Y, el anexo, en su apartado i, establece efectivamente una excepción para “el líquido” que vaya a “ser utilizado durante el vuelo por necesidades médicas o por dietas especiales”.
Guardans se preguntó por qué un documento tan simple que ya debe correr de mano en mano no se publica de una vez para “que sepamos a qué atenernos”. En una afortunada metáfora, comparó la situación de los aeropuertos a la de unos controles de alcoholemia en los que cada agente de tráfico decidiera qué tasa se le aplica al conductor en función de su estado anímico porque el límite legal fuera secreto.
¿Cuándo se acabará con el absurdo? Este es el quid de la cuestión. Willy Meyer, eurodiputado de IU y miembro de la comisión de peticiones, recordó que por otros canales la comisión ya había adelantado lo que ayer prometió en el Parlamento Europeo. “No puede pasar un día más sin que lo cumpla. En el trámite que seguirá a partir de ahora la petición de Raya, la Cámara se puede plantear tomar medidas drásticas sino no se lleva a efecto de modo inmediato”, advirtió.
Si la Comisión Europea sigue dando largas, siempre quedará el Tribunal de Justicia de la UE, que en los próximos días se pronunciará tras escuchar a la abogada general –la equivalente al fiscal– proponerle que declare “inexistente” el reglamento porque vulnera toda la legislación comunitaria al no haber sido hecho público su contenido.